La Comisión Europea está estudiando vías para prohibir el trasvase de crudo ruso ilegal frente a Ceuta, realizado por armadores anónimos que se sirven de prácticas fraudulentas para sortear el embargo y el precio tope impuesto por la UE y el G7. Según confirmaron portavoces de la Comisión Europea, el principal objetivo del nuevo paquete de sanciones que prepara contra la federación que preside Vladimir Putin por la invasión de Ucrania “es tomar medidas enérgicas contra la elusión de las sanciones internacionales, en particular contra las entidades que operan en la sombra”. La propuesta elaborada por Bruselas, en estrecha colaboración con el G7, está ahora siendo debatida por los Estados en el Consejo.

La importación por vía marítima de petróleo ruso en la UE está prohibida desde el 5 de diciembre de 2022. Desde entonces, se ha producido un aumento sustancial en las transferencias de petróleo ruso de barco a barco (ship to ship) en aguas internacionales a escasas 12 millas de Ceuta, operaciones que no han pasado desapercibidas para Bruselas. En una respuesta fechada en abril a preguntas de europarlamentarios españoles, la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, encargada del cumplimiento de las sanciones a Rusia, ya señalaba que “la Comisión está al corriente de las actividades relacionadas con el petróleo ruso en el Estrecho de Gibraltar, cerca de Ceuta, en concreto, del aumento de los transbordos entre buques que se llevan a cabo en aguas internacionales”. McGuinness añadía que el Ejecutivo comunitario “está vigilando de cerca la elusión de las sanciones de la UE, ya que los buques transfieren petróleo en el mar varias veces para ocultar su origen”.

En la misma línea, varios países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI), España entre ellos, han denunciado en el seno de la misma que estos petroleros operan en la sombra “apagando los transponedores satelitales” de sus sistemas de identificación automática (AIS), lo que es un elemento vital y de uso obligatorio para la seguridad marítima. Además, han señalado que usan “otros métodos de confusión, como la manipulación de la ubicación y las desviaciones de rumbo”. Todas estas acciones persiguen “eludir las sanciones”, lo que “incrementa el riesgo de colisiones y vertidos (de hidrocarburos)”.

En su visita del pasado 9 de mayo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en Kiev, la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen ya adelantó que un elemento clave del undécimo paquete es “prohibir las entidades en la sombra de Rusia y de terceros países que burlan intencionadamente nuestras sanciones”. Sin embargo, cualquier intento por parte de la Comisión Europea para atajar estas prácticas ilegales no será de fácil implementación. Según el diario Lloyd´s List,  “existe una creciente preocupación en algunos gobiernos y en la industria de que cualquier mecanismo propuesto será muy difícil de aplicar”. Las fuentes de la industria citadas por el medio británico creen que la propuesta de Bruselas “presenta importantes desafíos legales y de aplicación que hasta la fecha no han sido abordados por la Comisión”.

“Perseguiremos a las entidades en la sombra que burlan intencionadamente las sanciones a Rusia”
Ursula von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea

La determinación de Bruselas para evitar estas prácticas se ha visto impulsada tras la explosión del petrolero ‘Pablo’, de 26 años, el pasado 1 de mayo en aguas de Malasia. Aunque en apariencia el accidente no tiene ninguna relación con los planes de Bruselas, se repite el patrón de la flota en la sombra que transporta crudo ruso. El barco tenía un largo historial de transporte de petróleo iraní al margen del embargo de Estados Unidos. Había cambiado tres veces de manos y cuatro de bandera en solo tres años. Su último pabellón era Marshall Islands, no tenía seguro y su propietario es un armador desconocido con sede en Gabón. Viajaba en lastre desde China a Emiratos Árabes Unidos cuando se produjo el incendio que hizo volar por los aires la cubierta principal del buque, provocando la muerte de tres tripulantes.

Se ha multiplicado el transporte ilegal de crudo ruso y existe temor a una catástrofe medioambiental

El transporte ilegal de crudo ruso ha atraído a muchos barcos desde que comenzara la guerra en Ucrania hace 16 meses. Esta flota tiene ya en sus filas a unos 500 petroleros y tanques de producto, que repiten el perfil del petrolero accidentado en el Sudeste Asiático: el anonimato del propietario, con sede en terceros países (China, Singapur, etc); haber trabajado antes en tráficos con países sobre los que también pesan embargos (Irán o Venezuela); su antigüedad (con una media de 20 años); y estar abanderada en los pabellones de conveniencia que son más laxos en el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de seguridad marítima. Esta flota opera con producto ruso que ha sido vendido al comprador por encima del precio tope impuesto por el G7 y la UE, que es de 60 dólares el barril para el crudo y de 100 dólares para el diésel y el queroseno. Estos buques no pueden acceder a las coberturas de los miembros del grupo internacional de clubes P&I, con sede en Reino Unido, que aseguran al 90% del tonelaje mundial, por lo que en caso de un accidente es casi imposible que puedan hacer frente a los daños medioambientales causados.

En este contexto, el pasado abril, España solicitó a la OMI la adopción de medidas para regular las operaciones de trasvase de crudo ruso que se llevan a escasas 12 millas de Ceuta, donde nuestro país no tiene jurisdicción por tratarse de aguas internacionales. Responsables del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda subrayan que “estamos ejerciendo una labor de vigilancia constante” y “siendo contundentes en la prohibición del acceso de buques con petróleo ruso a nuestros puertos -ya ocurrió con el ‘Maersk Magellan’ en febrero- con el objetivo de reducir este tipo de operaciones cerca de nuestras aguas”. Los mismos medios reconocen que “aunque el proceso en la OMI es trabajoso”, pues lleva años modificar convenios internacionales, “no podemos renunciar a esta vía, que es la que permitirá dar una solución con vocación permanente a este problema”.