El Gobierno de la Ciudad debe decidir en torno al refuerzo del baldeo de desinfección que encomendó a la empresa concesionaria del servicio de limpieza

Demoledor informe de la Abogacía del Estado sobre la modificación del servicio de Trace

El informe jurídico externo fue ampliamente contestado por la oposición y también desde dentro del Gobierno y organismos de control
Demoledor informe de la Abogacía del Estado sobre la modificación del servicio de Trace
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Una modificación de las condiciones de servicio de Trace, concretamente del refuerzo de baldeo de desinfección, ha recibido la respuesta más que contundente de la propia Abogacía del Estado, en sentido negativo. Se trataba de una ampliación de servicios que supondría 1,4 millones de euros.

El asunto no pintaba bien desde el primer momento y fue contestado no solo por la oposición, sino también desde el seno del propio Gobierno y órganos de control del Ejecutivo.

Así, Intervención y Contratación advertían de la vulneración de la Ley. Ya se había amplicado el plan de servicios en 1,5 millones. Es el máximo.

Precisamente la Consejería de Economía y Hacienda decidió consultar al Consejo de Estado, que evacuó un informe con fecha de 29 de abril. Este informe cierra la posibilidad de ampliar en 1,4 millones el pago por servicios de Trace.

La Ciudad tiene varias posibilidades alternativas, pero el encargo, por ejemplo a Acemsa, conllevaría contratos de personal y adquisición de maquinaria, estaría fuera del porcentaje de subcontratación de servicios.

Otra posibilidad es la de encargar a Tragsa, pero hay problemas pendientes de validación por parte de Notaria, Registro y servicios jurídicos.

La Abogacía del Estado, además, plantea rescindir el contrato con Trace, mediante indemnización de en torno a un millón de euros por dos años de contrato pendientes.

Dieciséis páginas de informe le han bastado a la Abogacía del Estado para llegar a estas conclusiones.

“La problemática planteada deriva en último término de las fuertes limitaciones que la Ley de Economía Sostenible introdujo en materia de modificación de los contratos y que luego recogió el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al amparo del que se licitó y adjudicó el contrato que nos ocupa. La prohibición de que los modificados del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación es la mayor que ha existido en la legislación contractual de nuestro país. La vigente Ley de Contratos del Sector Público es mucho menos restrictiva en este punto”, según el informe de la Abogacía.

Pero hay más: el encargo a Trace es “anterior” a la propia pandemia, según el informe. En todo caso, la Abogacía del Estado entiende que la modificación del contrato con Trace carece de encaje legal.

Ya Intervención puso de relieve que la modificación del contrato no podía encajar con los preceptos legales. Así lo entiende la Abogacía del Estado.

La situación que se plantea para el Gobierno de la Ciudad es compleja. Habría que adjudicar a un medio propio el servicio a prestar o bien rescindir el actual contrato con Trace y volver a sacar a concurso la prestación de servicios.

La Ciudad podría encargar esos trabajos a tres empresas consideradas ahora mismo medio propio: Procesa, Tragsa o Acemsa. Esta última lo es de forma provisional a la espera de que se termine de validar su conversión en medio propio en los trámites de notaría y registro, tras aprobar su Junta General (el Pleno) la pasada semana la conversión. El MDyC se ha opuesto frontalmente a la conversión en medio propio de Acemsa.

“Si se pretende mantener la revisión del Plan de Servicios, el contrato deberá resolverse y celebrarse uno nuevo bajo las condiciones pertinentes. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato se podrá iniciar el procedimiento par ala adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del procedimiento de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. Podrá obligarse a la actual contratista a realizar entretanto los servicios de refuerzo de higienización y desinfección propuestos”, señalan desde la Abogacía del Estado.

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