El juez llama a declarar a la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, denunciada por una ex compañera de gobierno, Susana Román, por mentir en la instrucción en la mayor causa de corrupción de la ciudad.

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta ha decidido citar como investigada por un presunto delito de falsedad en documento público a la actual consejera de Hacienda del Ejecutivo regional y 'número 3' de la lista con la que concurre el PP a las elecciones del próximo domingo, Kissy Chandiramani (PP). La política fue denunciada hace menos de un mes por su excompañera de partido Susana Román, que la acusa de mentir y falsear la instrucción del 'caso Emvicesa', la mayor macrocausa de corrupción de la historia de la ciudad autónoma.

Es la información que difunde, entre otros medios, eldiario.es, que se centra en una personalidad pública de Ceuta, Kissy Chandiramani, contrasta con el silencio absoluto del citado medio en torno a informaciones sobre el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix García-Valiño, con doble nacionalidad –española y marroquí-, blanqueo de capitales, el envío de dinero a su familia a España amasado en Marruecos por el general –a través de ‘mulas- y el manejo de fondos europeos. Ha sido puesto en cuestión por el blanqueo de capitales y la doble nacionalidad marroquí-española, cuando no hay acuerdo entre España y Marruecos. Karim Bulaix García-Valiño es marroquí y español.

En un auto a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso elDiario.es, y que ya obra en poder de Teleceuta.es, el magistrado que se ha declarado competente para investigar los hechos tras pasar por las manos de otros dos jueces, ha concluido que la denuncia de Román, exconsejera de Fomento, “presenta características que hacen presumir la posible existencia” de algún ilícito, por lo que ha decidido practicar las diligencias esenciales “encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias” empezando por la toma de declaración a Chandiramani como investigada el próximo 15 de junio.

Román, que dejó el Gobierno de Ceuta en febrero de 2017 tras su detención por su supuesta implicación en una trama de adjudicación irregular de viviendas protegidas, ha denunciado que Chandiramani, entonces gerente de la sociedad pública Emvicesa, habría aportado “datos y documentos”, así como declaraciones, que incurrirían en “evidencias de falsedad de vital importancia” que a su vez habrían influido de forma sustancial en la instrucción del caso que llegará a juicio oral en octubre, por el que la Fiscalía pide 11 años de cárcel para ella.

Entre otras cosas, la exconsejera considera que identificó de forma “mendaz” a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda (CLV) entre 2011 y 2015, que atribuyó a dicho órgano una potestad “exclusiva” de adjudicación que no tenía, que tildó de “imprescindible” hacer una baremación de solicitudes pese a que existían alternativas reguladas y que obvió la existencia acreditada de compromisos heredados de promociones anteriores.

En declaraciones a los periodistas tras conocer “exclusivamente a través de los medios” la denuncia de Román, Chandiramani ha explicado que se limitó a “aportar toda la documentación que se requirió por parte de la autoridad judicial” y que su colaboración “fue, como no podía ser de otra manera, absolutamente leal teniendo en cuenta, además, que los hechos que se encausan se produjeron antes de que fuese nombrada gerente de Emvicesa”.

La política también ha apuntado que “con lo fiscalizada que estaba la empresa municipal en aquel momento por todo el mundo dado que se produjo una gran alarma social habría sido muy poco inteligente por mi parte que intentara falsificar algún documento con no sé qué objetivo”. “Tengo la conciencia muy tranquila y toda la disposición para seguir colaborando con la justicia como hasta ahora”, ha aseverado.

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta sentará en el banquillo después del verano a más de 50 expolíticos, empleados públicos, captadores de 'clientes' y pagadores acusados de estar vinculados de una forma u otra a una trampa para “adjudicar viviendas de promociones públicas al margen del procedimiento legalmente previsto a cambio de determinadas cantidades de dinero y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera”.

La Fiscalía pide un total de 280 años de prisión para todos los acusados, 26 solo para el exdiputado autonómico del PP Antonio López, detenido el 14 de febrero de 2017 en Marbella y señalado como “cabecilla” de la “organización criminal” que también acabó con la carrera política de la entonces consejera de Servicios Sociales, Rabea Mohamed, que dejó su cargo junto a Román tras ser arrestada por la Policía Nacional.